Estafas telefónicas, premios falsos y corrupción policial…
Funcionarios Políticos de Córdoba dejaron habilitadas, en el 2016, las obras de nuevos pabellones en el Establecimiento Penitenciario N° 5 de Villa María. Lugar desde donde operaba la banda.
Con total impunidad sigue operando a la fecha de Julio de 2018 la banda que estafa desde las cárceles de Córdoba. Días atrás nuevamente el punto elegido por los delincuentes fue la provincia de Santa Fe, más precisamente la ciudad de Casilda y región. Una voz acelerada y con tonada rara nos intenta hacer creer que la suerte estuvo de nuestro lado, mientras incurren en un ardid de artilugios y preguntas engañosas que sólo nos harán cometer el «error» de transferir a las cuentas bancarias de los delincuentes todos nuestros ahorros. El auto, el televisor, un viaje, o $250 mil en efectivo, no existen ni existirán jamás; todo forma parte de un «cuento del tío» actualizado, moderno, rebuscado. Hablar, hablar, hablar y no cortar nunca la comunicación, para que la víctima no tenga oportunidad de llamar y consultar con alguien de su familia; esa es su principal estrategia para llevar a las personas «elegidas» a cometer el grave «error» de creerles.
En la actualidad volvieron a conocerse hechos de estafas en la ciudad de Casilda, Chabás, Firmat y demás localidades del sur santafesino. Las víctimas son en su mayoría personas jubiladas, adultos mayores, que creen ciegamente en «la palabra», sin medir consecuencias. Lo triste de todo es la gran complicidad policial en la trama. Sin cómplices no habría estafadores ni víctimas. 11 de los principales integrantes de la mega banda de estafadores conformada en su mayoría por presos cordobeses que operaron durante años con la misma modalidad, fueron condenados en Diciembre del 2017 nuevamente a la pena de prisión efectiva, a pesar incluso de ya encontrarse algunos de ellos dentro de un penal cumpliendo una condena anterior por diversos delitos. Las «prestacuentas», mujeres titulares de las cuentas bancarias donde los delincuentes se hacían hacer los depósitos o transferencias bancarias con el argumento del falso premio, también fueron procesadas. Incluso una de ellas, María Soledad Ceballos, fue condenada al cumplimiento de una pena de tres años y medio, de prisión efectiva, por el juez de la Cámara 8ª del Crimen de la ciudad de Córdoba, Marcelo Jaime. Sin embargo, los delitos cometidos en Casilda, fueron concretados a través de una cuenta bancaria cuya identidad correspondería a la misma María Soledad Ceballos, ya condenada y en prisión efectiva aunque domiciliaria desde Diciembre de 2017.
Cientos de denuncias en el año 2015 en diferentes provincias, otro tanto en el 2016, continuaron en el 2017, y pese al Juicio donde se condenaron a 11 personas bajo la figura de «asociación ilícita» y «estafa reiterada», hoy los estafadores siguen operando como si nada hubiera pasado. Con total impunidad y connivencia policial, e incluso habría elementos que los vincularían también a los secuestros virtuales. Así queda de manifiesto que la Justicia de Córdoba actuó, investigó y llegó a una condena, quedando en evidencia la gran corrupción policial que permitió, desde el Penal de Villa María, no sólo operar por años sino que les dio el visto para que continúen haciéndolo pese a la nueva condena que recibieron los ya reclusos procesados.
Impotencia, bronca, tristeza, y quizá hasta vergüeza ajena es lo que sienta hoy un jubilado que perdió todos sus ahorros por estar «condenado» a vivir en un país donde la corrupción es moneda corriente e inclina cualquier balanza…puede que intente lo suyo aunque la corrupción inclina cualquier balanza. Un país donde los delincuentes tuvieron, tienen y tendrán privilegios que nunca vamos a entender, un país donde debería estar pensándose en volver a tener una fuerza se seguridad genuina, con hombres de valor, sin «tranzas» a la cabeza…
Los Concenados en 2017 (Fuente: lavoz.com.ar)
Los condenados son los reclusos Roberto Carlos Arnaudo, Marcelo Ramón Fernández y Pablo Alejandro Maldonado; los presuntos «cobradores», en su mayoría mujeres, Micaela Bini Rosales, María Soledad Ceballos, Camila Shirley Mónaco, Cristian Diego Palacios, Jesica Gisela Presidente, Melisa Yohana Presidente; además de Federico Leandro Otaiza y Jorge Alberto Sanduey, quienes también contribuían a la maniobra de rescate del dinero malhabido.
Todos fueron condenados por los delitos de «asociación ilícita» y «estafa reiterada». Los tres primeros organizaban y ejecutaban los hechos desde el Establecimiento Penitenciario N° 5 de Villa María, contactándose por teléfono o mensajes de texto con diferentes personas de distintos puntos del país. También habrían tomado participación otros reclusos de las cárceles de Bouwer y Cruz del Eje.
En este plan desempeñaba un rol fundamental Federico Otaiza, dueño de un Pago Fácil, quien también se dedicaba a la venta y reparación de celulares. Él recaudaba los giros efectuados por las víctimas de las estafas y proveía a los presos de aparatos y chips con los cuales hablaban para estafar.
